La producción agrícola contempla al menos dos fuentes de incertidumbre en los ingresos de los productores: 1) el riesgo de actividad productiva, asociado en gran medida a factores climáticos, y 2) el riesgo de precios, asociado a la creciente volatilidad de los precios. Debido a factores tecnológicos estructurales (cultivos no mecanizados y altamente dependientes de condiciones hidro-climáticas), la agricultura campesina tradicional se encuentra particularmente expuesta al riesgo productivo asociado a fenómenos climáticos extremos. Esta problemática se acentúa por la crisis alimentaria que vive el mundo actual. En Bolivia, el 34% de la población nacional depende aún de actividades agrícolas, en su mayoría de auto subsistencia, pero el sector persiste como uno de los principales generadores de empleo en el país. Entre esta población, la proporción de agricultores que carecen de cultivos mecanizados para el riego y otras actividades es aún elevado (superior al 80% en los principales cultivos del país, de acuerdo a INE, 2011); en consecuencia el riesgo base por catástrofes climáticas es considerablemente alto para este tipo de productores. En atención a esta compleja realidad, el gobierno boliviano, a través del Instituto Nacional del Seguro Agrícola (INSA), busca actualmente implementar el Seguro Agrícola Universal “Pachamama” como una primera iniciativa a ser ejecutada en un esquema público-privado para reducir vulnerabilidades de los productores agrícolas a fluctuaciones en sus ingresos y consecuentemente, reducir riesgos de inseguridad alimentaria en el país. Inicialmente, este seguro está pensado en un esquema basado en “rendimientos” lo que implica altos costos de monitoreo que podrían traducirse en primas de cobertura demasiado altas limitando la participación de pequeños productores en este mercado y exigiendo, potencialmente, el diseño de subvenciones públicas (no sostenible en el tiempo).